Kyoto blues

“El progreso humano no es ni automático ni inevitable. El futuro ya está aquí y debemos enfrentar la cruda urgencia del ahora. En este acertijo constante que implica la vida y la historia, la posibilidad de llegar tarde existe. Podemos rogarle desesperadamente al tiempo que detenga su paso, pero el tiempo es sordo a nuestras súplicas y seguirá su curso. Sobre montañas de blancas osamentas y desperdicios de múltiples civilizaciones se observan las terribles palabras: demasiado tarde” (Martín Luther King, ¿Qué rumbo tomamos ahora: el del caos o el de la comunidad?)


No voy a hablar del tema del día. Demasiado fácil, tal vez. O demasiado doloroso. Baste sólo su enunciado: el Banco de España ha dictado sentencia. Oficialmente la economía española se encuentra en recesión. Un descenso de la tasa interanual del PIB del 0,8% (–1,1% en su tasa intertrimestral) resulta un indicador determinante para el diagnóstico final de la crisis. Como señala el BE, “detrás de esta evolución se encontraría una reducción de la demanda nacional del 2,4%, en términos de su tasa interanual, que no pudo ser compensada por la demanda exterior neta, que amplió en nueve décimas su aportación positiva al crecimiento del producto. hasta alcanzar 1,7 pp.”

Pero como he señalado, no es el asunto del día. Ayer dejé pendiente una explicación de las líneas de política económica ambiental más habituales. Al menos las que figuran en la literatura acerca del tema. La finalidad última de su puesta en práctica es evitar los efectos perversos de la contaminación ambiental. Estas políticas pueden ser categorizadas en tres grupos: políticas descentralizadas, políticas de mandato y control y políticas de incentivos.

Hoy explicaré grosso modo en qué consisten estas políticas. Prometo, cuando el tiempo no sea un recurso tan escaso, extenderme en cada una de ellas.

Comenzaré por las políticas descentralizadas. Si hubiera que describirlas, habría que señalar que son aquellas que dejan que sean los propios individuos implicados en un problema de contaminación ambiental quienes logren solucionarlo por sí mismos. Las ventajas de este tipo de políticas se fundamentan en que, dado que las partes involucradas son las que sufren o padecen las externalidades ambientales, son precisamente las que tienen incentivos para buscar soluciones. Por otro lado, nadie mejor que los propios afectados para calcular certeramente los daños y los costes de reducción. Por tanto, resultan los más competentes para hallar el equilibrio justo, esto es, la solución eficiente. En este grupo de políticas cabría situar las leyes de responsabilidad civil y los derechos de propiedad voluntaria.

Las políticas de mandato y control son aquellas que se fundamentan en la premisa de que para conseguir comportamientos considerados socialmente deseables las autoridades han de ordenarlos por medio de la ley y utilizar los mecanismos de fiscalización a su alcance. Sus ventajas son que son sencillas y fijan objetivos claramente definidos y gozan del aplauso popular: es necesario enfrentarse directamente a la contaminación y reducirla. Como ejemplos cercanos cabría citar las normas de calidad ambiental o las normas sobre emisiones.

Y por último, hay que hacer mención a las políticas de incentivos que se basan en la idea de que el hecho de que los factores de producción generen costes proporciona un acicate poderoso a sus usuarios para emplearlos del modo más eficiente posible. Existen dos tipos de incentivos: los impuestos y subsidios (que son respectivamente incentivos negativos y positivos) y los permisos de emisión negociables. La teoría sostiene que estos últimos operan de forma automática a través de la interacción entre los propios contaminadores: los contaminadores tienen incentivos para contaminar menos si pueden obtener un beneficio económico por la venta de permisos de emisión. Es la filosofía (me cuesta emplear este querido término este contexto) de fondo del Protocolo de Kyoto.

Time is over. El medio ambiente me reclama.